Foto: Naciones Unidas
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.
Nuestra pluma invitada Alberto Brunori, representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Los derechos humanos son facultades que tenemos todas las personas por el único hecho de existir como seres humanos para reclamar aspectos esenciales a nuestra vida y dignidad. Estos derechos universales son inherentes a todas y todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Incluyen el derecho a la vida e integridad física, la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, a la igualdad (no discriminación), el acceso a la justicia y las libertades de expresión, opinión, asociación y reunión. Existen una serie de instrumentos internacionales donde se reconocen dichos derechos. En el caso del Sistema de Naciones Unidas, existen diez principales tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales se desprenden obligaciones jurídicas para los Estados que los han ratificado. También existen tratados regionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o declaraciones temáticas específicas, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
En el centro de los derechos humanos se sitúan los principios de igualdad y no discriminación. La igualdad tiene el poder de ayudar a acabar con los ciclos de pobreza; puede ofrecer a los jóvenes de todo el mundo las mismas oportunidades; puede contribuir a promocionar el derecho a un medioambiente sano; puede ayudar a abordar las causas originarias de los conflictos y las crisis.
En el caso de Estados, la obligación de garantizar incluye la de proteger a las personas contra abusos a los derechos humanos cometidos en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptarse las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. Si bien la garantía del cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos corresponde a los Estados, existen otros actores para quienes tienen una importancia fundamental. Las empresas tienen una responsabilidad de comportarse respetando los derechos humanos, lo cual implica que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y que deben hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que lleguen a causarse por acciones en las que tengan alguna participación. El respeto por los derechos humanos por parte de las actividades empresariales cobra importancia pues permite que éstas sean sostenibles a lo largo del tiempo, pero además les permite contribuir a generar efectos positivos en las sociedades en las que operan.
Una de las principales herramientas con las que cuentan las empresas para promover el respeto por los derechos humanos son los procesos de Debida Diligencia en Derechos Humanos, que constituyen procesos de prevención de riesgos mediante los cuales se pueden identificar, evaluar, mitigar, prevenir y rendir cuentas sobre la forma en que enfrentan los impactos adversos presentes y potenciales de sus actividades, como parte integral de los sistemas de toma de decisiones y de manejo de riesgos. Comprenden los impactos adversos ocasionados por las empresas, o sobre los que las empresas contribuyen, así como los impactos directamente relacionados con las operaciones, productos o servicios de las empresas a través de sus relaciones de negocios.
Los procesos de Debida Diligencia permiten a las empresas una aproximación preventiva a los derechos humanos y les permite además diferenciarse en sus mercados y generar un valor agregado para los productos y servicios que generan. Actualmente existe una variada gama de herramientas que permite a las empresas poner en marcha dichos procesos.
Las amenazas para los derechos humanos son una constante que afecta hoy sociedades contemporáneas y que están presentes en la región latinoamericana La comprensión sobre el rol clave de los derechos humanos para sostener la democracia y el Estado de Derecho, así como sobre el papel fundamental de las instituciones y personas que los defienden aún constituye un reto mayor en la región. La protección y defensa de los derechos humanos es una tarea permanente que tiene que ser abordada por todos los actores involucrados desde sus diferentes roles. En el caso de los Estados, con sus obligaciones de respeto, garantía y protección. Por parte de las empresas, desde el enfoque de la responsabilidad de abstenerse de tomar acciones que impidan u obstaculicen el ejercicio de los derechos humanos, pero además desde el impulso de mecanismos preventivos. Por otra parte, actores como las organizaciones de sociedad civil, los sindicatos y la academia, también cumplen roles fundamentales en la defensa de los derechos humanos.
Es trascendental que los diferentes sectores interioricen que el cumplimiento de los derechos humanos deriva en beneficios incalculables para todas las personas y sociedades. Una sociedad donde se ejercen los derechos humanos por todas las personas sin discriminación es una sociedad en la cual el Estado actúa en función de las personas y sus derechos, en la cual el diálogo supera a la violencia, una sociedad estable, próspera. En el Día de los Derechos Humanos, hacemos un llamamiento por un nuevo contrato social. Esto significa abordar desigualdades generalizadas y la discriminación estructural mediante medidas concretas basadas en los derechos humanos. Lo anterior requiere de un compromiso político renovado, de la participación de todas y todos, en especial de las personas más afectadas, y de una distribución más justa del poder, recursos y oportunidades.
La igualdad y la no discriminación son claves para prevenir algunas de las mayores crisis globales de nuestra era. Los derechos humanos tienen el poder de abordar las causas originarias del conflicto y la crisis, atendiendo a las demandas, eliminando las desigualdades y la exclusión y permitiendo que las personas participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas.
Las sociedades que protegen y promueven los derechos humanos para todo el mundo son sociedades más resilientes y sostenibles, están mejor capacitadas para capear crisis inesperadas como pandemias y las repercusiones de la crisis climática.
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