Rol de las empresas ante la violencia de género

Rol de las empresas ante la violencia de género

La violencia de género es un problema estructural que está afectando a cientos de familias en Panamá, y por lo tanto impacta en otras esferas de la vida y la comunidad. Es preocupante, que en diferentes escenarios se den incidentes  donde la agresión en sus distintas formas sea el medio para la resolución de situaciones incluso conflictos.

Por otra parte una de las formas de violencia es la violencia doméstica,  de acuerdo a las estadísticas del  Ministerio Público de Panamá al 30 de septiembre de 2017 se presentaron un total de 11,987 casos y se registraron 13 femicidios.  En este sentido, se considera la empresa como un espacio viable para incidir en las brechas de género que se manifiestan en sus distintas formas como la violencia laboral, sexual o su forma extrema de violencia como el femicidio a través de la prevención.

Para poder empezar a reducir estas brechas se quiere concientizar al sector privado y sus colaboradores sobre la promoción de los derechos humanos y comprender como el desarrollo sostenible requiere del cumplimiento de la promoción de la equidad de género en las empresas y en la comunidad.

Las acciones de prevención y sensibilización están enmarcadas en el  cumplimiento de la  Ley 82 de 24 de octubre de 2013 que tipifica el femicidio y la violencia hacia la mujer así lo destacan algunos de sus artículos:

Artículo 66. Las empresas privadas están obligadas, como parte de su responsabilidad social empresarial, a facilitar a sus colaboradoras que enfrenten situaciones de violencia contra la mujer los tiempos necesarios para los trámites que garanticen su atención integral.

Artículo 67. Las empresas privadas e instituciones públicas están obligadas a elaborar un procedimiento de quejas disciplinarias para cualquier tipo de violencia a sus colaboradoras, previsto en esta Ley, basado en un modelo proporcionado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Por otro lado, promover el cumplimiento de la Ley No. 4, de 29 de enero de 1999, “Por la cual se Instituye la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres”, son el marco regulatorio fundamental que busca transversalizar acciones en todos los sectores y  la cual contempla lineamientos para el mercado de trabajo,  a fin de impulsar acciones que promuevan, respeten y garanticen los derechos de la mujer en ese espacio.

Con el trabajo que realiza Sumarse impulsando la Responsabilidad Social Empresarial, son muchas las empresas que han comprendido su rol en situaciones que involucran violencia principalmente doméstica.

Casos de mujeres víctimas de maltrato, por ejemplo, son muy notorios en el ámbito empresarial, acciones de las empresas dirigidas a crear mecanismos de orientación y sensibilización para ayudar a las colaboradoras a crear conciencia sobre la situación que estás viviendo.

En Panamá, solo en casos de violencia doméstica cifras del Ministerio Público arrojan que hasta febrero de 2018 se habían presentado 2,371 denuncias a la instancia.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida.

Hay que señalar la normalización de hechos de violencia hacia la mujer, es decir,  hay mujeres que no identifican estar bajo una situación de violencia,  dado  que sus diferentes manifestaciones establecidas en la Ley 82 no son conocidas y mucho menos identificadas. Formas de violencia como la psicológica, física,  patrimonial o económica, sexual,  entre otras.

Se trata de un tema que impacta de forma negativa a las empresas a nivel interno, esto disminuye la concentración, productividad, su condición de salud física y mental.

Por ello, las empresas deben incluir dentro de sus políticas, la promoción de medidas y acciones orientadas a la prevención y erradicación de la violencia hacia la mujer realizando charlas preventivas, programas de capacitación y empoderamiento.

Se debe tener en cuenta el alto nivel de presentismo en las/los colaboradoras/es (agredidas y agresores) de cada empresa recomendando promover prácticas ergonómicas y de seguridad a fin de mejorar el desempeño del personal y el clima laboral.

Para ello la empresa puede desarrollar e implementar políticas laborales relativas a la violencia en este caso, contra las mujeres. Esto implica la asignación de recursos para contar con personal idóneo que en un momento determinado pueda brindar la orientación necesaria, aportando de este modo en la mitigación de las cifras de violencia doméstica actuales.

Por

Markova Concepción

Directora de Desarrollo Social