Por: Marina Pérez De Cárdenas, Directora Ejecutiva | FUNDAMORGAN
Mujeres en situación de pobreza, sobrevivientes de violencia, mujeres rurales, indígenas, con discapacidad o con bajos niveles de escolaridad son quienes viven con mayor intensidad los efectos de la pobreza y de la desigualdad histórica que han enfrentado por el hecho de ser mujeres. Estas condiciones inciden directamente en su posibilidad real de participar plenamente en la sociedad y de ejercer sus derechos.
Estas desigualdades no son ajenas al sector empresarial. También afectan la participación laboral, la productividad, la seguridad jurídica y la estabilidad de los entornos donde operan las empresas. Ignorarlas no solo perpetúa la desigualdad, sino que debilita la cohesión social y la confianza institucional.
Es bien sabido que las leyes, aun cuando sean de avanzada, no resuelven los problemas por sí solas. Requieren acciones efectivas a través de políticas públicas, programas, personal técnico, presupuestos adecuados y, por supuesto, voluntad. En este sentido, el sector privado cumple un rol clave: como empleador y como actor con capacidad de incidir en la construcción de prácticas más justas e inclusivas.
Para las empresas, esto se traduce en compliance, debida diligencia y estándares ESG, particularmente en sus componentes social y de gobernanza. Promover entornos laborales libres de violencia y discriminación, garantizar mecanismos internos de denuncia eficaces y adoptar políticas de igualdad no es únicamente una cuestión ética; constituye también una gestión responsable de riesgos legales, reputacionales y operativos y, sobre todo, una exigencia vinculada al respeto y la garantía de los derechos humanos.
Hablar de derechos y justicia solo tiene sentido cuando se traduce en acción. De lo contrario, seguiremos hablando de igualdad sin hacerla realidad. Por eso, el 8 de marzo no es solo una fecha simbólica: es un recordatorio de que los derechos deben garantizarse, la justicia debe funcionar y la acción debe sostenerse en el tiempo.
Se requiere coherencia entre el discurso y la práctica, una inversión sostenida y progresiva, y asumir la sostenibilidad empresarial como una forma de contribuir a sociedades más justas y equitativas, donde todas las personas puedan prosperar y nadie se quede atrás.