Por: Elizabeth Solis, gerente de proyecto, Sumarse
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la desnutrición como “la ingesta insuficiente de alimentos de forma continuada, que es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria, sea por absorción deficiente y/o por uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos”.
El escenario con respecto a este tema no es una noticia nueva en el mundo. Mucho se ha ido avanzando y trabajando para reducir los niveles de desnutrición, particularmente en niños, niñas y adolescentes. Esta es una condición que atenta directamente sobre el desarrollo de nuestras sociedades y su calidad de vida, principalmente la de nuestra niñez y adolescencia, convirtiéndose en un factor fundamental para su propio desarrollo integral como seres humanos.
De acuerdo con datos que arrojan los estudios de UNICEF Panamá, se estima que 16,3% de los niños y niñas menores de 5 años sufre de desnutrición crónica (en áreas como la comarca Guna Yala esta cifra asciende a 59,1%). Gran parte de esta condición tiene que ver con los retos que afrontan las familias que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, que involucra también muchos otros factores y condiciones que atentan contra el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Cabe destacar que, el tema de la desnutrición no es una situación que existe únicamente en las áreas rurales, sin embargo, la realidad es que, si lo vemos desde el punto de vista de pobreza multidimensional, hasta las familias en las que existe una persona asalariada o un ingreso fijo, puede haber condiciones de desnutrición vinculados a el tema de la restricción o acceso a los alimentos, o bien teniendo malas prácticas de alimentación (dietas insuficientes).
Los y las líderes comunales, principalmente de áreas rurales y difícil acceso, maestras y orientadoras, mantienen un trabajo constante para transmitir la realidad de las poblaciones vulnerables cuyas condiciones de vida producen otras condiciones significativas que tienen un alto impacto sobre la capacidad de supervivencia y el desarrollo de la sociedad. Los eventos disruptivos de los últimos años han desencadenado una serie de condiciones como la informalidad, el desempleo, la inflación de precios y la inseguridad alimentaria. De acuerdo con el informe de “Seguridad Alimentaria 2022” del Banco Mundial, la guerra en Ucrania ha alterado los patrones mundiales de comercio, producción y consumo de productos básicos de forma tal que los precios se mantendrán en niveles altos hasta fines de 2024 exacerbando la inseguridad alimentaria y la inflación.
Por otro lado, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el ODS 2 “Hambre Cero”, hacen un llamado a poner fin a la desnutrición en todas sus formas, para todas las personas. La región de América Latina y el Caribe han realizado esfuerzos y logrado importantes avances en la reducción de la desnutrición en los últimos años, sin embargo, sigue siendo un factor preexistente en la región y el mundo. La problemática de exceso y déficit de peso (la doble carga de la malnutrición) coexisten en las mismas comunidades, familias e incluso individuos.
Las empresas y organizaciones que dirigen esfuerzos y apoyan este tema, deben comprender que no se trata solamente de una obra social, se trata de aportar de manera sostenible al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y principalmente de los infantes y adolescentes de las comunidades, que necesitan de oportunidades y condiciones básicas elementales como una buena alimentación, que les permita poder contar con la salud adecuada para su desarrollo y crecimiento. Esto a su vez, tiene un impacto potencial sobre su calidad de vida, su rendimiento escolar, prevención de enfermedades no transmisibles como la hipertensión o diabetes en la vida adulta, su capacidad de desarrollo y condiciones para insertarse en la vida laboral adulta por ejemplo.
La contribución a programas y proyectos orientados a mejorar la calidad, que contemplen el acceso a información básica sobre nutrición y la promoción de una alimentación saludable y completa, contribuye a mejorar los derechos humanos y las condiciones sociales y económicas y disminuye la desigualdad social. Así mismo, su atención desde los centros educativos o espacios de sensibilización para los padres, son clave para lograr avances respecto a la doble carga de la malnutrición (desnutrición y sobrepeso/obesidad).
En definitiva, el apoyo para el tratamiento y la prevención de la desnutrición de niños, niñas y adolescentes se debe comprender como una estrategia que promueve la protección de los derechos humanos, así como también un factor determinante para seguir desarrollando sociedades sanas y equitativas.