Este 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer bajo el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” y reclama una acción por el clima por y para las mujeres.
La información más reciente que se dispone, destaca ONU Mujeres en su página web, que ha permitido entender que existe un vínculo fundamental entre género, equidad social y cambio climático y reconocer que, sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro alcance.
Las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática ya que ésta amplifica las desigualdades de género existentes y pone la vida y los medios de vida de las mujeres en peligro.
Para profundizar sobre el tema nuestra pluma invitada la abogada Dayana Bernal Vásquez, Especialista en Género, Derechos Humanos y Participación Política de las Mujeres. Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Colegio Nacional de Abogados.
El siglo pasado fue testigo de una transformación en la que los países del mundo entero ampliaron el alcance de los derechos legales de las mujeres. Sin embargo, para millones de mujeres en todo el mundo la letra de esas leyes aún no se traduce en igualdad y justicia. Mientras tanto las prácticas cotidianas, las costumbres y estereotipos sexistas siguen vigentes. (ONU Mujeres, 2019).
Si bien nuestro país cuenta con importantes avances legislativos y marcos normativos que establecen rutas de acción para propiciar acciones que tengan como objeto eliminar las brechas e inequidades existentes, y superar las barreras y sesgos socioculturales que limitan y obstaculizan la transformación de las relaciones de desigualdad de género en las estructuras sociales, económicas y políticas, en específico, las que afectan a las mujeres; no menos cierto, es que dichos avances no alcanzan a todas las mujeres: indígenas, afrodescendientes, diversas, con discapacidad, políticas, campesinas, jóvenes y profesionales.
Por ende, para alcanzar un pleno desarrollo humano, sostenible, con equidad se requiere de políticas públicas y marcos jurídicos que integren enfoques diversos y convergentes como la interseccionalidad, la interculturalidad, el respeto a la integridad humana y a la diversidad sexual y étnica, la integración de personas con discapacidad y que se reconozcan los derechos humanos de todas las personas. Ninguna agenda nacional puede excluir a ningún sector y menos, a las mujeres.
De acuerdo con el Instituto de Estadísticas Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, la población de la República de Panamá al año 2019 se estimó en 4.218,808 donde las mujeres constituimos el 49.9% de la población (2.103,350), y los hombres el 50.1% (2.115,458). Esto nos conlleva a la definición paritaria de las y los habitantes del país. Por lo tanto, las políticas públicas deben dimensionar y trazar una hoja de ruta direccionada en la integración amplia de los géneros, requiere de la adopción de contenidos y agendas articuladas para lograr la equidad de género. Lo anterior conlleva a propiciar cambios en las relaciones intergenéricas y replantear los contenidos, actitudes y expectativas que genera la cultura imperante, si apuntamos hacía un desarrollo humano más justo y pleno.
El Estado panameño debe promover, impulsar y garantizar las diversas demandas de las mujeres panameñas: participación política y ciudadana; empoderamiento y liderazgo; ejercicio de la ciudadanía en condiciones de paridad en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales y en todos los procesos de toma de decisiones; autonomía reproductiva y económica; seguridad social digna y justa; acceso óptimo a servicios de salud sexual y reproductiva; una vida libre de violencia y acoso; a una adecuada protección de derechos humanos, y avanzar hacia una agenda nacional que corresponda con la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PPIOM).
En esta dinámica es imprescindible el cumplimiento y respeto a la legislación nacional existente y a su adecuada aplicación: Ley 4 de 22 de mayo de 1980 que adopta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y que entró a regir a partir de junio de 1981; Ley 12 de 20 abril de 1995 que aprueba a Convención de Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará); Ley 17 de 28 de marzo de 2001 que adopta el Protocolo Facultativo de la CEDAW; Ley 4 de 29 de enero de 1999 por la cual se instituye la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres; Decreto Ejecutivo 53 de 25 de junio de 2001 que reglamenta la Ley 4 de 1999; Decreto Ejecutivo 36 de 26 de junio de 2009 por el cual se modifica y deroga artículos del Decreto Ejecutivo 31 de 2001; Decreto Ejecutivo 244 del 18 de diciembre de 2012 que adopta la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres; Ley 82 de 24 de octubre de 2013 que tipifica el Femicidio; Ley 7 de 14 de febrero de 2018, mediante la que se adoptan medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios, y dicta otras disposiciones: y el Decreto Ejecutivo 393 de 14 de septiembre 2015 que establece la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
En ese sentido, Panamá adoptó la Agenda 2030 como una pauta para los esfuerzos de desarrollo humano inclusivo y sostenible orientado hacia el cierre de las brechas socioeconómicas y territoriales. De tal manera, que se cuenta con una Comisión Interinstitucional cuyo objetivo principal consiste en presentar propuestas de políticas públicas, programas, planes y recomendaciones al Gabinete Social para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Igualmente, se destaca el alineamiento de los ejes estratégicos con el objetivo 5 de las ODS, a fin de cumplir la igualdad de los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
No obstante, urge profundizar en el contexto país en diversos aspectos que notoriamente requieren atención urgente y una respuesta institucional certera: brechas y estereotipos de género existentes; igualdad salarial; desigualdad social; discriminación (en específico, a la población afrodescendiente, indígena, jóvenes, personas con discapacidad y LGTB); embarazos en niñas y adolescentes; violencia hacia las mujeres en todos sus ámbitos; femicidios; deserción escolar y la falta de acceso a la educación formal; educación sexual integral; seguridad social y sistema de partidos políticos y proceso electoral en condiciones efectivas y reales de paridad.
En la sociedad panameña existe un claro atavismo sociocultural y moralista con sesgos fundamentalistas producto del sistema patriarcal androcéntrico, machista y misógino que perpetua la marginación y exclusión de las mujeres en la conducción del Estado y de su vida; que vulnera nuestros derechos y nos violenta, que genera una permisibilidad sobre la dimensión y el ciclo de la pobreza; que no visibiliza los problemas que nos afectan a todas y todos por igual y que minimiza el aporte de las mujeres a la economía para la sostenibilidad y la labor de cuidados, así como, nos relega de los espacios de representatividad y toma decisiones.
La Democracia debe corresponder, por una parte, a las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales para el fortalecimiento de sus instituciones y su desarrollo perdurable; y por otro lado, debe garantizar derechos, obligaciones y principios democráticos a la luz de un Estado Constitucional de Derecho y a la adecuada aplicación e implementación de normas cuyo fin sean, concretar dichos principios democráticos y que coadyuven a la convivencia social y al desarrollo sostenible con equidad.
Para esto debemos deconstruir sesgos y prejuicios que están inmersos en nuestra cultura patriarcal de hoy en día, y pese a los avances normativos, sigue impidiendo avances en el seno de quienes detentan las decisiones legislativas, y el poder político y económico. El avance de las mujeres sigue bajo amenaza e impulsar la protección de los derechos humanos de las mujeres debe constituirse en la principal agenda de impacto nacional, si apuntamos a un futuro donde el desarrollo humano se cumpla de forma efectiva, plena y garantizada y alcance a la población. Este paso inicial parte del presente y de los esfuerzos que todas y todos debemos asumir para evidenciar esa sostenibilidad y consecución de la agenda de desarrollo humano con equidad.
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