Por: Carlos Alfredo Chavarría Muñoz, Investigador, Fundación Iguales Panamá.
Cuando se habla de la salud mental, muchas veces se reduce a “la ausencia de enfermedades mentales”, como la depresión o la ansiedad. No obstante, la salud mental es una de las esferas más importantes y determinantes de la salud general de todas las personas, y constantemente está expuesta a múltiples factores que afectan su capacidad de adaptarse diariamente.
La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad”. Este concepto es importante tenerlo presente ya que describe acciones que dependen del individuo, sin embargo, en ocasiones las condiciones externas en las que vive no se las permiten, ocasionando que puedan desarrollarse problemas de salud mental.
En este sentido, es esencial comprender cómo los factores sociales inciden directamente en la salud mental. Uno de los modelos teóricos que explican esta interacción es el de George L. Engel, quien propuso en 1977 una mirada biopsicosocial para entender las distintas condiciones de salud como resultado de la combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. A partir de este modelo, diversos estudios han concluido que el bienestar humano depende en gran medida de sus determinantes sociales, los cuales están profundamente influenciados por los contextos sociopolíticos y las políticas públicas. Dado que estas políticas moldean las condiciones de vida de las personas, su ausencia genera incertidumbre, desigualdad y riesgo para la salud pública. Esto afecta de forma desproporcionada a grupos vulnerables que ya enfrentan exclusión legal, discriminación y estigmatización.
Una de las poblaciones más invisibilizadas en Panamá es la población LGBTIQ+, la cual se encuentra vulnerable desde distintas esferas. Por ejemplo, actualmente no existe una legislación explícita que prohíba y proteja a esta población de discriminación por orientación sexual o identidad de género ni tampoco se reconocen los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, impidiendo el acceso a derechos que deberían estar garantizados para todos los panameños.
Además, la evidencia señala que la población sexualmente diversa enfrenta desafíos específicos que afectan su salud mental. La discriminación y el rechazo social son los principales estresores que pueden derivar en síntomas de depresión, ansiedad, consumo de sustancias e ideaciones de suicidio. Estos efectos se agravan en ausencia de políticas públicas que se enfoquen en la protección, prevención e inclusión.
Frente a este panorama, urge desarrollar investigación social en poblaciones invisibilizadas para poder generar evidencia que pueda respaldar la creación de políticas públicas inclusivas y equitativas. También es indispensable poder dar voz a aquellos que no están teniendo acceso a sus derechos fundamentales y cuya integridad se ve amenazada.
Ignorar el papel del Estado en la salud mental de las personas no solo empeora la calidad de vida, sino que también deshumaniza las necesidades de quienes más lo necesitan y refuerza estigmas que siguen haciendo daño a los más vulnerables. La salud mental no debe ser un privilegio de unos pocos, debe ser un derecho garantizado para todos los panameños.