Por: Cristián Mosella, Director Ejecutivo de EnergyLab.
Ha terminado la vigésimo sexta Cumbre del Clima. Esta vez con Estado Unidos de vuelta en las negociaciones; y con interesantes anuncios sobre eliminación de la deforestación, reducción de las emisiones de metano, retiro gradual del carbón y otros combustibles fósiles, colaboración China-EE.UU., penetración de la electromovilidad e impulso a la innovación, entre otros.
Sin perjuicio de lo anterior, los aumentos de ambición requeridos para alinear los compromisos de los países (NDCs) con la trayectoria de 1.5ºC, la movilización de los US$100.000 millones anuales para el financiamiento de la mitigación y adaptación en los países vías de desarrollados, así como la estructuración del mecanismo de pérdidas y daños, siguen pendientes y deberán ser abordados en las próximas cumbres.
No obstante, en esta cumbre hubo un avance concreto y muy importante, relacionado con la operativización de un mercado global de carbono en base a los acuerdos alcanzados en el contexto de los artículos 6.2 y 6.4 del Libro del Reglas del Acuerdo de Paris. Definiciones a través de las que se resguarda la ausencia de doble contabilidad de las emisiones transferidas entre las partes, la realización de los descuentos necesarios para generar beneficios netos para el planeta y el financiamiento del Fondo de Adaptación por la transferencia de los resultados de mitigación.
Adicionalmente, se clarificó la situación para los créditos de carbono emitidos en el marco del Protocolo de Kioto, los que podrán ser transferidos al nuevo régimen para su acreditación ante las primeras NDCs de las partes, previa aprobación del país anfitrión y bajo ciertos requisitos administrativos.
Si bien esta última decisión resulta polémica, ya que puede restar ambición a los compromisos nacionales de mitigación ya existentes, a su vez entrega una señal potente a favor de los mercados de carbono en medio de la crisis climática. Mecanismo que ha sido respaldado a través de diversos estudios, como el de la Universidad de Maryland, que estima los sustantivos ahorros que se podrían alcanzar a 2030 y 2050 (de casi US$250.000 y US$ 350.000 millones anuales respectivamente) como consecuencia de la implementación colaborativa de las NDCs. Adicionalmente, esta decisión reafirma el rol esencial que debe tener el sector privado en la transición hacia la carbono neutralidad, orientando sus capacidades de emprendimiento, gestión e innovación en pos de la búsqueda de reducción de emisiones costo-efectivas, y que permitirán habilitar los necesarios incrementos de ambición.
Así, hoy queda claro que toda tonelada de gases de efecto invernadero reducida, evitada o capturada debe ser monitoreada, reportada y verificada con los máximos estándares disponibles. Ya que esta información será fundamental para la reportabilidad y seguimiento del cumplimiento de los países, además de una interesante oportunidad para aquellas compañías que logren habilitar tecnologías y modelos de negocios que permitan reducir las emisiones de los sectores intensivos en gases de efecto invernadero y continuar acelerando la acción climática.
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